LOS CONDUCTORES PODRÁN RECLAMAR INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS QUE PROVOQUEN LOS RESALTES

La nueva norma de Fomento impide que los reductores de velocidad superen los 10 centímetros de altura y los cuatro metros de anchura y la Administración debe adaptarse a ella antes del 30 de octubre


ALBERTO MARTÍN. La moda de los resaltes o 'guardias tumbados', tan temidos por los conductores, tiene fecha de caducidad. En concreto, el 30 de octubre de 2010, que es el plazo límite para retirar de las carreteras estos reductores de velocidad, según la normativa que el ministerio de Fomento publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 29 de octubre de 2008.

Los ayuntamientos de la Región han tenido dos años de plazo para retirar aquellos que no cumplen con la legalidad y adaptar el resto a la normativa, inexistente hasta 2008. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, ahora pueden llegar las prisas, pues a partir de noviembre todo resalte que supere los diez centímetros de altura y los cuatro metros de largo, o que cuente con rampas de subida de menos de un metro, será considerado ilegal.

Actualmente son muchos los badenes que pueblan nuestras vías y que no se ajustan a la legalidad vigente, y, por lo tanto, si un conductor sufre un percance (ya sea en su vehículo o en su propia persona en forma de lesiones) puede reclamar al ayuntamiento, comunidad o administración competente que sea titular de la vía para exigir una indemnización y restablecer los daños causados por el resalte. Hasta ahora, las administraciones se cubrían las espaldas ante posibles denuncias con la colocación de señales avisando de la existencia de un badén próximo. A partir del 30 de octubre, estarán obligados a pagar a todo aquel conductor que sufra cualquier tipo de daño a causa de un resalte que no haya sido adaptado o retirado.

Según el criminólogo y policía local de Molina de Segura Juan Antonio Carreras, «la nueva normativa limita el arte creativo del que hasta el año 2008 gozaban los ayuntamientos a la hora de instalar los badenes. Ahora tienen que ajustarse a las directrices que establece la normativa del ministerio de Fomento».

Entre los ayuntamientos que ya se han puesto las pilas destaca San Javier, donde ya se han retirado los 117 resaltes que no se ajustaban a la nueva ley. El concejal Manuel Leal aseguró que se han quitado la mayoría de badenes, «excepto los pocos que sí cumplían con la normativa». Para evitar que el conductor se aproveche de esta nueva situación, el jefe de la Policía Local del municipio, Matías Romero, explicó que se han intensificado los controles de seguridad «sobre todo en las vías donde se han retirado los ´guardias tumbados´».

Otro de los ayuntamientos que tiene bastante avanzada la labor de adaptar los reductores de velocidad en vías urbanas es el de Cartagena. La Policía Local explicó a este periódico que se llevó a cabo una primera batida para la retirada de badenes ilegales a principios de este año, y una segunda antes del verano. En total, se han invertido casi 20.000 euros en desmontar los resaltes prefabricados. El coste de retirar cada módulo es de ocho euros, ya que al ser de caucho necesitan un tratamiento especial y su traslado a un gestor autorizado para minimizar todo lo posible su impacto medioambiental.

De los resaltes fijos, los de hormigón, tendrá que encargarse próximamente el propio ayuntamiento de Cartagena, que tiene previsto solicitar un estudio para después proceder a su retirada.

Mientras, en el municipio de Murcia, casi todos los resaltes cumplen con la normativa de Fomento, según indicaron fuentes del Consistorio de la capital y, aunque muchos de ellos están situados en carreteras que son de titularidad del Estado o de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento los revisa y vela por la seguridad de los conductores y hace extensiva la norma también a las vías de titularidad municipal.

Por su parte, el ayuntamiento de Molina de Segura, a través de su concejal de Obras Públicas, Vicente Fernández Oliva, aseguró que sólo se han retirado dos badenes en la avenida Menéndez Pidal, mientras que el resto han sido todos adaptados a la normativa. Sin embargo, aún se pueden apreciar resaltes con más altura de la permitida en el cuarto municipio más poblado de la Región, como por ejemplo el situado en la calle Mayor, a unos cien metros del colegio Cervantes.

Aunque la orden ministerial se refiere a las carreteras de la red estatal, deja una vía abierta en cuanto a posibles reclamaciones en el resto de carreteras. Cualquier ayuntamiento o titular de una vía puede ser sancionado si no se adapta a la norma antes del 30 de octubre.

laopiniondemurcia.es

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